

La noticia llega tras el viaje de un grupo de sanclementinos hasta Santiago, para exigir el cese de remates derechos de aguas.
La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) declaró desiertos los remates de cinco títulos pendientes de derechos de aprovechamiento de aguas No Consuntivos, entre ellos los derechos de aguas del Río Lircay.
La noticia llega días después que un grupo de sanclementinos viajó hasta Santiago, para exigir el cese de remates derechos de aguas tanto en La Moneda como en el Ministerio de Obras Públicas.
Si bien la falta de oferentes es una buena noticia, corresponde a una solución temporal según explicó el concejal Juan Carlos Frans aseguró que, “es un tema que tenemos que seguir abordando, en algún momento tiene que modificarse el código de aguas . Es una lucha que tenemos que seguir para que los ríos de San Clemente no vayan nunca más a un remate”.
La Municipalidad de San Clemente ofreció un punto de prensa para abordar el tema. Las declaraciones a continuación:
La DGA informó que los remates se declararon desiertos debido a que no se cumplió el requisito legal que exigía que 48 horas antes de la realización de la subasta los postores interesados deben presentar una garantía de seriedad.
“Estamos satisfechos de poder concluir este proceso administrativo que nos permiten dejar disponibles estos derechos de aguas que habían sido solicitados hace muchos años, entre el 2009 y 2014, en un contexto de abundancia hídrica y así asegurar que las aguas no sean extraídas los ríos y esteros de la zona para fines hidroeléctricos”, señala Paula Castro, Directora de la DGA de la Región del Maule.
Los 5 remates programados en Colbún (1), Molina (1) y San Clemente (3) para el 2 de diciembre, correspondían a derechos de aguas superficiales no consuntivos, que son aquellos que permiten emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla de acuerdo a lo establecido en el momento de ser adquiridos.
Y agregó que: “como DGA nuestro rol es aplicar las herramientas legales que permiten regular el uso de los recursos hídricos y priorizar el agua como un bien nacional de uso público, asegurar el consumo humano, evitar la especulación y dar más transparencia a los procesos administrativos”.