Consejeros Regionales solicitan aclarar transferencia de recursos a fundaciones por parte del Gobierno Regional del Maule

La iniciativa surge ante la preocupación de los consejeros por la falta de transparencia y el posible incumplimiento de los procedimientos establecidos en la asignación de recursos a diversas fundaciones. En particular, se ha planteado que algunas transferencias se han realizado sin pasar por el pleno del organismo, señalando que la Gobernadora cuenta con la facultad de aprobar recursos de manera unilateral.

En este contexto, el Consejero Regional Del Maule, Patricio Ojeda Alarcón explicó que el objetivo de presentar esta solicitud “no por una decisión, sino que por una obligación, porque nos asiste la obligación de supervigilar el buen uso, utilización de los recursos públicos y en este caso en particular nos parece prudente y pertinente que habiendo tenido información vinculada con acciones del Gobierno Regional sobre la transferencia de algunos recursos a algunas fundaciones, pero peor aún, con algunas condiciones de contratación de algunos miembros de esas fundaciones, es que hemos considerado entonces oportuno venir hasta la Contraloría, solicitarle al Contralor, revise esta situación, investigue y profundice si efectivamente o no ocurrieron algunos actos que pudieran ser constitutivos de irregularidad o incluso delito”.

Respecto al caso de Urbanismo Social señaló que se debe esclarecer la existencia de irregularidades ante solicitudes de contratación de personal ajeno  a la fundación “Queremos esclarecer si esa instrucción la dio la gobernadora regional, si es una acción especialmente determinada por los funcionarios involucrados y definido por la Carta de Urbanismo Social. Sabemos todos que esa es una acción irregular, toda vez que nosotros no podemos condicionar la ejecución de un proyecto, en este caso el de una fundación, que contó con la transferencia de los recursos y que finalmente su ejecución no haya podido avanzar tal como lo señalan en la carta del 30 de mayo, no hayan podido avanzar porque habían condiciones puestas por funcionarios del gobierno regional en torno a la contratación de personal ajeno a la fundación”.

Además, piden a Control interno de Gobierno Regional que se revisen todos los convenios que están hoy día suscritos con el Gobierno Regional y fundaciones “Ninguna en particular, obviamente que nos detenemos en urbanismo social porque es ella la que da cuenta por escrito el 30 de mayo que existirían presiones para la contratación de personas o profesionales no solamente ajenas a la fundación sino que además con algún tipo de vínculo con funcionarios de alto nivel del gobierno regional”, señaló Ojeda.

Respecto a las asignaciones de recursos sin pasar por el pleno, señala “existe hoy día una modificación a la ley en la que hace que todas las transferencias de recursos inferiores a 7.000 UTM sean de exclusiva decisión de la gobernadora, como es el caso de estas fundaciones. Y también existen fundaciones con motos superiores a las 7.000 que sí han sido aprobados por el Consejo Regional. Pero en el caso en particular, Urbanismo Social, Fundación Semillas y otras fundaciones han sido absolutamente decisión de la Gobernadora y su equipo”.

Asegura que no se trata de estigmatizar a las fundaciones, tampoco tengan que estar sometidas a presiones para poder ejecutar programas relevantes y beneficiosos para la región.

La gestión de Cristina Bravo -Gobernadora del Maule- “tiene claros y oscuros, evidentemente, y eso lo podrán verificar en las mismas actas de los consejos”.

“Desafortunadamente, estos hechos, y sobre todo los hechos que se conocieron el 30 de mayo con la carta de urbanismo social no fueron transparentados no fueron informados al consejo regional nosotros hoy día nos preguntamos si la gobernadora conocido los hechos el 30 de mayo con la carta de urbanismo social tomó o no tomó medidas disciplinarias por ejemplo con los funcionarios que fueron individualizados por urbanismo social porque allí claramente hay una acción que está al margen de la ley hay una acción que está al margen del convenio suscrito con urbanismo social y la pregunta que nos hacemos todos los consejeros es después de 30 días, ¿se han tomado las medidas disciplinarias correspondientes con los funcionarios individualizados por urbanismo social en su carta? Es una pregunta de muchas otras que queremos que se nos resuelva ya sea por el control o particularmente por el gobierno regional”, finalizó Ojeda.

Se espera que dentro de 15 días hábiles la unidad de control responda por escrito a la solicitud que realizaron los Consejeros el día de hoy.