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Tribunal Constitucional acepta requerimiento del general Yáñez, pero descarta suspender su formalización

  • Martes 9 de abril de 2024
  • 17:03 hrs

La determinación de la Segunda Sala del organismo liderado por Nancy Yáñez se da ante una solicitud del general director de Carabineros donde acusó que se estarían vulnerando sus garantías constitucionales.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido aceptar el requerimiento presentado por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para suspender las causas y posponer su formalización. No obstante, se rechazó la suspensión de la gestión procesal pendiente, lo que significa que la audiencia de formalización continuará según lo programado para el mes de mayo.

Es importante recordar que la máxima autoridad de la institución uniformada está siendo acusada de presuntos delitos relacionados con su responsabilidad de mando durante el estallido social.

Según el documento, la Segunda Sala de dicho tribunal, conformada por su presidente, José Ignacio Vásquez, y los ministros María Pía Silva, Raúl Mera, Catalina Lagos y Marcela Peredo, decidieron de manera unánime aceptar el recurso presentado por Yáñez.

"Se resolvió, además, rechazar por mayoría de votos la solicitud de suspensión de la gestión procesal pendiente, con el voto en contra de los ministros José Ignacio Vásquez y Marcela Peredo", se añade en el documento.

Asimismo, "se confirió el traslado a las demás partes de la gestión pendiente para que, con posterioridad, la misma Sala se pronuncie sobre

En el requerimiento, Yáñez asegura que el Séptimo Juzgado de Garantía “a través de un procedimiento irracional e injusto está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable la institución de Carabineros de Chile".

Respecto a la decisión del fiscal regional Xavier Armendariz, acusa que "pretende imputarme un delito que no he cometido de forma comisiva ni activa”, que en su cargo de director de orden y seguridad durante el 18-O, "no permití ni validé ningún hecho que pudiera estimarse un exceso de uso de la fuerza".

En esa línea, Yáñez sostiene que la solicitud hecha por la Fiscalía "contiene vicios que la hacen susceptible de ser anulada y que al no haberse declarado así por el juez de primer grado, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso".