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Abogado acusado de envenenar a su expareja para cobrar seguro de vida quedó en prisión preventiva

  • Martes 4 de mayo de 2021
  • 17:13 hrs
Imagen de contexto. (Foto: @PDI_CHILE).

Imagen de contexto. (Foto: @PDI_CHILE).

El imputado habría utilizado metanol para cometer el crimen en Quilpué y así poder obtener 110 millones de pesos.

En prisión preventiva quedó un abogado de 55 años identificado con las iniciales R.G.L., quien fue formalizado por el delito de homicidio calificado en contra de su expareja, Natalia Veliz en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.

El hombre es acusado de envenenar a la víctima con metanol para cobrar un seguro de vida por la suma de 110 millones de pesos.

Desde la Fiscalía indicaron que el imputado ya había participado en delitos con características similares.

Este hecho ocurrió el 30 de junio de 2018, cuando la mujer ingresó al Hospital de la misma comuna con pérdida de conciencia. Los días pasaron y finalmente falleció el 7 de julio.

En un principio el diagnostico médico apuntaba a una meningitis, sin embargo, se pudo establecer que la causa de su deterioro se debía a la ingesta de alcohol metílico.

Cabe mencionar que la víctima conoció al imputado a través de redes sociales, a quien convenció de sacara tres seguros de vida, cuya beneficiaria, supuestamente, sería su hija.

A mediados de 2018 –según el relato del Ministerio Público- la mujer quiso poner término a la relación con el imputado, y en ese contexto, el 28 de junio, "previa planificación concretada por el hechor", éste la pasó a buscar en su vehículo y la llevó "a un sector de la comuna de Quilpué, a conversar".

"Con ánimo de provocar la muerte de la víctima, para así poder perseguir los dineros provenientes del cobro de los seguros, de los cuales figuraba (en realidad él) como beneficiario, le sirvió a la afectada reiteradamente vasos de bebidas alcohólicas mezcladas con alcohol metílico y gaseosas", detalla la acusación.

Tras su detención, el fiscal a cargo de la investigación solicitó la medida cautelar más gravosa, prisión preventiva, no obstante, el Juzgado de Garantía de Quilpué rechazó el requerimiento, por lo que acudieron ante la Corte de Apelaciones.

Tras esto, el tribual de alzada revocó la decisión y estableció prisión preventiva.

El fiscal del caso, Hernán Silva, comentó que el imputado ya habría participado en otros delitos de similares características. En los hechos anteriores había una suma de dinero asociado a seguros de vida.

“Durante el curso de la investigación se ha podido establecer que en varios hechos, el patrón común que hay en todos ellos es la existencia de seguros de vida por parte de las víctimas, cuyos beneficiarios eran el imputado mismo o personas del círculo cercano”, declaró

Ante esto detalló que "el año 1997 existía una causa del Juzgado del Crimen de Los Andes, donde el imputado fue investigado y condenado por el delito de homicidio calificado, en una causa donde la víctima tenía un seguro de vida donde el beneficiario era el imputado. (En esa ocasión) se pudo establecer que el imputado se puso de acuerdo con una tercera persona para matar a la víctima y poder cobrar el seguro, pero no pudo porque no se habían pagado las últimas primas", relató el fiscal Hernán Silva.

El persecutor también hizo referencia a una causa abierta en 2004 en Valparaíso, "en la que falleció una mujer por herida de arma de fuego, donde también estuvo investigado el imputado como posible autor de ese delito y no se logró acreditar su participación porque tenía una coartada: que se encontraba cumpliendo condena en Los Andes".

De igual forma, el 2012 en Villa Alemana, contó el fiscal Silva, "se pudo establecer una denuncia respecto de una víctima que también tenía un seguro de vida en que personas cercanas al imputado aparecían como beneficiarias".

"Finalmente, en esta causa la víctima tenía tres seguros de vida de diferentes compañías y el beneficiario era el imputado y ése es el móvil por el que planificó y ejecutó este delito de homicidio calificado", sostuvo el persecutor.

El abogado se mantendrá privado de libertad durante los 100 días que dure la investigación y arriesga una pena desde los 15 años hasta el presidio perpetuo, según consignó Cooperativa.