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Comienza juicio contra funcionarias del Sename por la muerte de Lissette Villa

  • Lunes 24 de mayo de 2021
  • 08:58 hrs

La menor de 11 años falleció en abril de 2016, en el Cread Galvarino de Estación Central,

Hoy comienza el juicio contra las funcionarias acusadas en este caso

La menor de 11 años, Lissette Villa, falleció por "asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa", según el Servicio Médico Legal, luego que una funcionaria se sentara encima de la niña por supuesto mal comportamiento en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, de Estación Central. 

A las acusadas por la muerte de la menor, identificadas como Conne Fritz y Thiare Oyarce, se les imputan cargos como autores de apremios ilegítimos con resultado de muerte, en calidad de funcionarios públicos, cometidos en contexto de privación de libertad, delito por el cual Fiscalía pide siete años de cárcel.

También serán imputadas la coordinadora de turno del recinto donde falleció la menor, Jessica Figueroa, y la exdirectora del Cread Galvarino, Mónica Monje, a quienes se les acusa de no haber evitado la muerte de Lissette. Para ellas, la Fiscalía pide 540 días de presidio.

La fiscal Carmen Gloria Wittwer, quien lidera la investigación desde 2019, señaló a El Mercurio que "la muerte que tuvo fue muy terrible, por eso la catalogamos como apremio ilegítimo. La asfixiaron, la sofocaron y tenían mecanismos de contención", agregando que "es una investigación compleja y muy extensa. Tres fiscales llevan la causa a juicio, con una cantidad enorme de pruebas".

En tanto, la defensa de las acusadas, transparentó que buscará la absolución, ya que "incluso hasta ahora, los trabajadores no están capacitados para enfrentar" estas críticas situaciones "por los resguardos de las fichas clínicas, un educador se puede enfrentar a un niño con una patología sin saber si está medicado, o si tiene una falta de control por cambio de medicamento".

"Lo que quiere hacer el Estado de Chile, a través de la Fiscalía, es acusar a las trabajadoras de una responsabilidad que no les corresponde", añadiendo que "la discusión se va a basar en el rol del Estado, de garante, para proteger los derechos de los niños, ni respecto de trabajadores".