Una mujer ha reclamado una indemnización de 1,8 millones de euros a la Consejería de Familia del gobierno murciano y a la Entidad Colaboradora de Adopción Internacional Amofrem porque asegura que se le ocultó que la niña que adoptó en un país sudamericano sufría un retraso mental severo.
En septiembre de 2004 viajó a recoger a la pequeña, que tenía entonces dos años, y que le dijeron que la pequeña necesitaba afecto y amor y que algunas carencias físicas que presentaba eran debidas a la desnutrición que había padecido.
Se le ocultó, para no frustrar la adopción, que estaba diagnosticada de retraso mental severo, por lo que formalizó los trámites pertinentes.
De regreso a España descubrió “el importante retraso mental” que sufre, que hace que su lenguaje comunicativo sea nulo y que necesita ayuda constante, tanto física como psíquica.
La Consejería de Familia de la Comunidad Autónoma a informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), propone desestimar la reclamación presentada por la madre adoptiva por la vía de la responsabilidad patrimonial.
Y añade que no se ha acreditado que los informes médicos emitidos en el país de origen de la adoptada incumplieran la “lex artis”.
