Caso María Ercira: Imputan a funcionarios de la PDI por obstrucción a la justicia
- Viernes 23 de enero de 2026
- 11:49 hrs
Dos policías y la dueña del fundo donde desapareció la adulta mayor enfrentan cargos por presunto manejo irregular de evidencia.
A 20 meses de la desaparición de María Ercira Contreras, la investigación ha dado un vuelco institucional tras la imputación de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la dueña del Fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert. El Ministerio Público indaga presuntas responsabilidades en la obstrucción a la justicia, específicamente por irregularidades en el manejo de registros audiovisuales cruciales para el caso.
La indagatoria, liderada por la fiscal regional Claudia Perivancich, detectó anomalías en la cadena de custodia de los discos duros que contenían las grabaciones del hotel el día de los hechos. Según antecedentes del caso, los funcionarios policiales se acogieron a su derecho a guardar silencio tras ser cuestionados por la entrega de dispositivos incompletos a la Fiscalía.
Falla crítica en la evidencia audiovisual
Uno de los puntos más graves revelados por la perito judicial Nadia Mansilla indica que el respaldo entregado por la policía civil no contenía las 24 horas de grabación solicitadas, sino solo 6 horas. Esta omisión ha sido calificada por expertos en criminalística como una "falla crítica", ya que compromete la integridad de la prueba al haber sido manipulada en computadores ajenos a los dispositivos originales.
"Si tuviéramos esas horas de grabación, quizás podríamos saber qué sucedió con mi abuela", lamentó Carla Hernández, nieta de la víctima. El incidente más cuestionado ocurrió el 3 de julio de 2024, cuando un funcionario de la PDI se habría negado a entregar el dispositivo de almacenamiento original, argumentando que aún se utilizaba en su unidad policial.
Dos líneas de investigación paralelas
Actualmente, el Ministerio Público mantiene dos aristas abiertas. Mientras un equipo se concentra exclusivamente en dar con el paradero de la mujer de 85 años, vista por última vez en mayo de 2024, la segunda línea busca esclarecer si existió dolo o negligencia inexcusable por parte de los funcionarios públicos y la administración del recinto privado.
Por el momento, no se ha logrado determinar la cantidad exacta de archivos que pudieron haber sido extraídos o eliminados del respaldo original, lo que mantiene la incertidumbre sobre los momentos exactos de la desaparición en el sector de Limache.
